HONDURAS: Informe de Verificación de Derechos de la Infancia en la zona del Bajo Aguán

Observatorio de los Derechos de la Infancia y la
Juventud en Honduras
Agosto, 2011
Observatorio de los
Derechos de la Infancia y la Juventud en Honduras
Informe de Verificación de Derechos de la Infancia en la zona del Bajo Aguán
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Índice
1. Introducción 1
2. Procedimiento 1
3. Zona de estudio 2
3.1. Contexto sociopolítico del Bajo Aguán 2
3.2. Situación actual de la comunidad Los Rigores 3
3.3. Situación actual de la Comunidad La Confianza 4
4. Reportes institucionales sobre la situación de los derechos infantiles en el Bajo Aguán 5
4.1. Reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 5
4.2. Reporte del Ministerio Público 5
4.3. Reporte del Registro Nacional de las Personas 7
4.4. Reporte de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA 7
4.5. Reporte de la Iglesia Católica 8
5. Indicadores analizados en base a los derechos vulnerados en el Bajo Aguán 8
5.1. Derecho a la libertad 8
5.2. Derecho a la integridad personal 8
5.3. Derecho a la educación 9
5.3.1. La matrícula gratis 11
5.4. Derecho a la salud 12
5.5. Derecho a la vivienda 13
5.6. Derecho a la alimentación 14
6. Intervención del equipo de psicólogos de Casa Alianza en el Bajo Aguán 14
6.1 Objetivo General 14
6.2 Objetivos Específicos 14
6.3 Actividades Desarrolladas 15
6.3.1 Abordaje Grupal 15
I. Ludoterapia 15
II. Expresión de Sentimientos 16
III. Soporte Familiar 16
IV. Las manos que me protegen 17
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V. Terapia de relajación 18
VI. Ejercicios de respiración 18
VI. Cierre 19
6.3.2 Abordaje Individual 19
6.3.3 Intervención Familiar 20
I. Primera Intervención 20
II. Segunda Intervención 21
III. Tercera Intervención 21
IV. Cuarta Intervención 21
V. Quinta Intervención 21
7. Logros alcanzados por el Observatorio en la vista al Bajo Aguán 22
8. Recomendaciones 22
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1. Introducción
El Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Juventud en Honduras realiza una labor permanente de
monitoreo, incidencia en políticas públicas y elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de
respeto a los derechos humanos de la población infanto-juvenil en Honduras.
El equipo del Observatorio consideró necesario hacer un recorrido por la zona del Bajo Aguán (Jurisdicción
del municipio de Tocoa- Departamento de Colón) dado que se trata de una de las regiones más afectadas
del país en los últimos dos años, fruto de las tensiones originadas en la lucha por el acceso a la tierra, y
también como respuesta a la invitación girada al director de Casa Alianza, José Manuel Capellín, a formar
parte de una misión de verificación de los hechos en materia de derechos humanos en dicha zona.
Algunos de los miembros implicados en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA),
manifestaron la preocupación y urgencia de la situación que viven los niños y niñas de la zona, ya que
presentan cuadros graves de miedo o temor nocturnos, asociados a las experiencias de crímenes y
asesinatos en las comunidades implicadas en el conflicto agrario.
El objetivo principal del presente informe consiste en recoger el impacto de la situación de conflicto y
violencia que viven los habitantes de las comunidades en la zona del Bajo Aguán, centrándose
específicamente en las repercusiones que tiene sobre su población infanto-juvenil.
2. Procedimiento
La visita a las comunidades se realizó en las fechas comprendidas entre el 10 y el 16 de Julio del 2011. En
este período fueron visitadas las siguientes comunidades: Los Rigores, La Confianza y Marañones. El
equipo del observatorio realizó entrevistas a los siguientes agentes institucionales del Municipio de Tocoa:
- Coordinador del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
- Fiscal del Ministerio Público del Municipio de Tocoa.
- Directora del Hospital General San Isidro.
- Trabajadoras sociales del Hospital San Isidro.
- Encargado técnico de la distrital de educación.
Con el objetivo de contrastar la información aportada por los organismos oficiales de la municipalidad,
también se entrevistó a los siguientes agentes:
- Implicados en el movimiento MUCA (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán).
- Coordinadores de los centros comunales de las comunidades.
- Madres y padres de familia de las comunidades.
- Niños, niñas y jóvenes de las comunidades.
- Coordinadores en los asentamientos (encargados del reparto de alimentos, orden, etc.).
- Maestros en los asentamientos.
- Párroco de la Iglesia Católica.
Con el fin de elaborar un análisis protocolizado de la situación de vulnerabilidad de derechos en la zona,
también se recogió información de acuerdo a unos indicadores previamente definidos y relacionados con los
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derechos fundamentales de la infancia y la juventud, recogidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia
de Honduras y la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia. Los indicadores al derecho
vulnerado que se han analizado son:
- Derecho a la libertad
- Derecho a la integridad personal
- Derecho a la educación
- Derecho a la salud
- Derecho a la vivienda
- Derecho a la alimentación
Otro de los objetivos principales del Observatorio, además de la investigación y el análisis de la situación
actual de la infancia en el país desde un enfoque de derechos humanos, es la intervención y
acompañamiento de tales procesos a través del equipo multidisciplinario de profesionales de la propia
organización. Es por ello que el equipo del Observatorio impulsó la propuesta de que una de las psicólogas
de Casa Alianza acompañara la visita a las comunidades de la zona, con el fin de poder evaluar las
repercusiones psicológicas del conflicto sobre los niños y niñas de las mismas.
Es importante matizar que la situación de extrema violencia que viven las comunidades del Bajo Aguán ha
provocado un estado de miedo generalizado entre sus habitantes, quienes tienen miedo de denunciar y
contar públicamente los hechos que están viviendo. Por este motivo, los testimonios recogidos para la
elaboración del presente informe no representan más que una ínfima parte de la difícil realidad que
atraviesan los habitantes del Bajo Aguán y que pudo ser recogida por el equipo del Observatorio.
3. Zona de estudio
“Es la primera vez que una organización toca el tema de la niñez en Tocoa. Aquí pasan tantas cosas sin que
las autoridades hagan algo, porque también son cómplices de los delitos que se cometen. Los problemas
son muchos, desde la explotación laboral hasta la trata y explotación sexual de niñas pequeñitas. Algunos
empiezan vendiendo cosas y terminan en la mendicidad, utilizados por sus padres; o en hoteles como parte
del tráfico sexual. Muchos de los que cometen estos delitos están ligados al narcotráfico”.
“¿Por qué no recurren a las instancias competentes que sirven y están obligados a proteger a la niñez?”
“Porque esas instancias no sirven”.
Conversaciones con una pobladora de Tocoa que no quiso identificarse
3.1. Contexto socio-político del Bajo Aguán
Se han desarrollado diversos informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
que han documentado la situación que atraviesa Honduras en los últimos años. Estos informes han servido
para registrar y denunciar públicamente la situación de extrema violencia que sufren algunas comunidades
del país, siendo una de las zonas más afectadas por los conflictos la región del Bajo Aguán.
El municipio de Tocoa está localizado en el departamento de Colón, en el margen derecho del Río Aguán y
su población es de aproximadamente 90.000 habitantes. La fuente principal de ingresos de las familias de
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esta zona gira en torno al cultivo de la tierra. Por este motivo, la lucha por la propiedad de los terrenos
cultivables ha sido causa de conflictos en los últimos años, intensificándose de forma notable en los últimos
meses.
El 25 de Marzo de 2011 se publicó un informe preliminar sobre las Violaciones de Derechos Humanos en la
zona del Bajo Aguán, elaborado por la Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de
Iglesias (APRODEV), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), la Organización
Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN), la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la alimentación,
agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y afines (Rel-UITA) y la Vía Campesina Internacional.
Según la información aportada por este documento, se registraron 25 muertes en relación al conflicto por la
tierra en el Bajo Aguán entre enero de 2010 y febrero de 2011 y se tiene constancia de que más de 3.500
familias han sido amenazadas e intimidadas.
De este modo, la zona del Bajo Aguán se ha convertido en territorio de conflicto permanente, donde las
violaciones de derechos humanos se han sistematizado hasta generar un estado alarmante de
normalización de la violencia.
Es importante destacar que si bien no existen muchas investigaciones que estudien y analicen la situación
que atraviesa esta región en los últimos meses, poco o nada se ha dicho acerca de las repercusiones que
los conflictos están teniendo sobre su población más vulnerable: los niños, niñas y jóvenes del Bajo Aguán.
3.2. Situación actual de la comunidad Los Rigores
“Hasta las doce y treinta de la noche los policías continuaban destruyendo e incendiando nuestros cultivos y
casas a punta de retroexcavadora y gasolina”.
“Fue un día triste y marcado para cada uno de los habitantes del lugar. Fuimos desalojados violentamente”.
Familia de campesinos de la Comunidad Los Rigores
A unos 45 minutos del municipio de Tocoa, la mayor parte de las familias se encuentran alojadas en el
centro comunal de la comunidad en graves condiciones de precariedad, ya que éste es insuficiente para
albergar a las 120 familias.
Por este motivo, algunas han optado por construir ramadas provisionales donde prácticamente están
expuestas a la intemperie, mientras que otras han tenido que acudir a la solidaridad de las familias de la
comunidad que no fueron afectadas.
En materia de educación, hay cinco maestros en los asentamientos de la comunidad que se ven obligados a
ejercer su trabajo en condiciones de hacinamiento y que trabajan con materiales desactualizados e
insuficientes. Todos ellos aseguraron estar obligados a trabajar por parejas o por turnos para poder
compartir el material existente. Según informan, un total de 123 niños y niñas reciben sus clases en estas
precarias condiciones. A continuación se describe el detalle de los alumnos por niveles educativos:
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Educación Pre básica rural
Pre básica 23 alumnos (6 niñas y 17 niños)
Primer grado 26 alumnos (8 niñas y 18 niños)
Segundo grado 22 alumnos (8 niñas y 14 niños)
Tercer grado 14 alumnos (6 niñas y 8 niños)
Cuarto grado 25 alumnos (13 niñas y 12 niños)
Quinto y Sexto 13 alumnos (5 niñas y 8 niños)
Total de alumnos: 123
Según el informe reportado por la psicóloga de Casa Alianza, se identificaron en los niños y niñas que
participaron en las sesiones de evaluación diagnóstica: ataques de pánico, pesadillas nocturnas, insomnios y
temor a los agentes de seguridad.
3.3. Situación actual de la Comunidad de La Confianza
Este asentamiento está ubicado al margen derecho del Río Aguán, a unos 35 minutos del municipio de
Tocoa. En ella viven unas 95 familias en condiciones de extrema pobreza.
La infancia de esta comunidad refleja estados alarmantes de desnutrición y empobrecimiento. No están
establecidas las edades de la población infanto-juvenil, pero según los niños y niñas que acudieron a las
dinámicas propuestas por el Observatorio, la mayoría oscilaba entre los 4 y 14 años de edad.
Las condiciones de la escuela en esta comunidad se corresponden con las de las familias. En un solo salón,
dos maestros atienden una población multi-grado de 26 alumnos. El salón-aula carece de todas las
condiciones pedagógicas básicas, como pupitres, textos actualizados o pizarras.
Maestro de la escuela comunitaria
“Los niños han perdido el espíritu de recibir clases y lo único que reclaman es volver a sus casitas donde
realmente eran felices a pesar de la pobreza”.
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4. Reportes institucionales sobre la situación de los derechos infantiles en el Bajo Aguán
Con el fin de conocer la situación de los derechos infantiles en la zona del Bajo Aguán se acudió a las
siguientes fuentes y organismos oficiales del Estado.
4.1. Reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
“Las autoridades acá están abandonadas. Nunca viene ninguna comitiva gubernamental a visitarnos y
tampoco a hacer una evaluación de lo que sucede. Este problema realmente es estructural. La debilidad en
el sistema no deja que los casos avancen; sólo se quedan en la flagrancia ya que no se les da el debido
proceso hasta la presentación del requerimiento fiscal”.
La violencia se ha disparado de manera significativa ya que al no haber investigación hay impunidad y al no
haber protección, los delincuentes ven más fácil atentar contra las personas”.
Coordinador del Comisionado Nacional de Derechos Humanos
El Observatorio visitó la oficina regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por ser la
instancia que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en la zona. Según aseguraron sus
representantes, fueron registrados 70 casos relacionados con la vulneración de derechos de la infancia en lo
que lleva de año, siendo la violación más frecuente y denunciada la de maltrato por omisión cometida por
particulares.
Número de quejas por violaciones de DDHH de la Infancia en la Delegación departamental de Colón
Maltrato por omisión 40
Transgresión 15
Queja contra funcionarios 8
Maltrato físico 5
Tentativa de homicidio 2
TOTAL 70
4.2. Reporte del Ministerio Público
La investigación en las diferentes instancias de la Fiscalía General del Estado es concluyente en cuanto al
déficit de información sobre las violaciones a los derechos humanos. No existe ninguna documentación que
sistematice o registre los asesinatos y violaciones perpetrados a los niños, niñas y jóvenes de la zona del
Bajo Aguán.
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El equipo del Observatorio solicitó al Fiscal del Ministerio Publico que analizara la problemática relacionada
con la población infanto-juvenil de la comunidad Los Rigores. El fiscal señaló que algunos vecinos del lugar
aseguran conocer situaciones de trata de menores, pero no se atreven a denunciarlo ya que tienen miedo de
las posibles consecuencias asociadas. Además el fiscal asegura que las personas ya no confían en las
instituciones oficiales.
“A veces no hay respeto a la Ley por la misma desconfianza. En este lugar hay mucha incidencia y mucho
tráfico de armas y tráfico de personas. Muchas veces las autoridades civiles no apoyan y se prestan a estas
situaciones porque no confían en los mecanismos oficiales.”
Fiscal del Ministerio Público
Prueba de ello es precisamente el escaso número de denuncias en relación a la vulneración de derechos
infantiles en la zona. A continuación se especifican las denuncias recibidas por el Ministerio Público en
relación a la vulneración de derechos infantiles en el año 2010 y lo que va del 2011:
Denuncias recibidas por el Ministerio Público sobre violencia contra niños y niñas en el Departamento de Colón
Casos Año 2010 Año 2011
Actos de lujuria 1 4
Homicidio culposo 1 -
Maltrato por trasgresión - 1
Niñez en riesgo social - 10
Tentativa de homicidio 1 -
Tentativa de rapto - 1
Tentativa de violación 1 -
Trafico de drogas 1 -
Violación especial 11 4
Violencia intrafamiliar 4 -
TOTAL 20 20
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4.3. Reporte del Registro Nacional de las Personas
Otro de los indicadores que el equipo del Observatorio investigó fue el registro de nacimientos inscritos en la
oficina correspondiente del Registro Nacional de Personas en Honduras. La Constitución de la Republica en
su Artículo 39 enuncia que “todo hondureño deberá ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas” y el
Código de la Niñez abarca en su Artículo 11 el derecho de todo niño/a a un nombre.
Según reportes de la coordinadora del registro existieron 1.742 nacimientos inscritos entre Enero y Julio de
2011 en la zona del Bajo Aguán, de los cuales 822 fueron registros de niños y 832 de niñas (no se dispone
de información acerca de la diferenciación de sexo de los 88 inscritos en el mes de Julio).
Estadísticas de registros de nacimiento en la zona del Bajo Aguán (Enero-Julio, 2011)
MES NIÑOS NIÑAS TOTAL
Enero 131 193 324
Febrero 76 90 166
Marzo 103 87 190
Abril 136 139 275
Mayo 189 180 369
Junio 187 143 330
Julio - - 88
TOTAL 822 832 1742
El análisis de la coordinadora sobre estos datos evidencia la existencia de serias dificultades para inscribir a
los recién nacidos de las zonas más alejadas a las oficinas del registro, debido principalmente a las
dificultades económicas de las familias para desplazarse a estas oficinas.
4.4. Reporte de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA
“Se tiene conocimiento de muchos abusos a los derechos humanos, pero la indefensión y el flagelo de la
impunidad hacen que las víctimas guarden silencio”.
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
Tras una reunión con la representante de la coordinadora de organizaciones populares del Aguán (entidad
político-estratégica y de acompañamiento al movimiento popular de la zona del Bajo Aguán), ésta manifestó
su preocupación sobre la situación general de vulnerabilidad de derechos humanos que atraviesa la región,
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incrementada por los altos niveles de impunidad y denuncia. No obstante, esta institución no maneja datos
sobre la situación de la infancia y la juventud en la zona.
4.5. Reporte de la Iglesia Católica
Párroco de la Iglesia Católica
La entrevista mantenida con el párroco de la zona pone de manifiesto una situación de violencia estructural
alarmante donde constantemente mueren y asesinan a niños, niñas y jóvenes. El párroco manifestó también
su preocupación sobre la violencia sexual contra las niñas de la zona, notificando al Observatorio de varios
casos al respecto y poniendo especial énfasis en la impunidad de los delitos cometidos. La Iglesia Católica
ha desarrollado un plan propio de abordaje de conflicto en el Bajo Aguán.
5. Indicadores analizados en las comunidades en base a los derechos vulnerados
Con el objetivo de analizar la situación de vulnerabilidad de los derechos de la infancia en las comunidades
descritas, se recogió información sobre los indicadores que a continuación se detallan, relacionados
directamente con los derechos fundamentales de la infancia y la juventud recogidos en el Código de la Niñez
y la Adolescencia y la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.
5.1. Derecho a la libertad
El equipo del Observatorio compiló y analizó diversos testimonios y realidades durante su visita al Bajo
Aguán que evidencian la fragilidad de este derecho en la población infantil de la zona; expresada a través de
los propios niños y niñas, organizaciones que están presentes en el lugar y campesinos y campesinas de los
diferentes asentamientos.
Tal vulnerabilidad parte de la constatación de una situación de la infancia totalmente infrahumana, no sólo en
el sentido material, sino de tranquilidad y paz. Muchos de los niños y niñas han sido expulsados de sus
hogares; han presenciado la detención violenta de sus padres o altercados entre estos y las autoridades, y
han vivido la represión física y psicológica ejercida contra la población adulta cercana a su entorno por parte
de fuerzas de seguridad públicas o privadas.
El Observatorio desea dejar constancia de que el derecho a la libertad en el Bajo Aguán no sólo está siendo
vulnerado por las acciones de detención ilegal que se cometen, sino por el estado generalizado de caos e
inseguridad que se vive en los asentamientos conformados, en el mejor de los casos, por casas de
bahareque, y en los más miserables, por espacios cubiertos de plástico y sostenidos por columnas de
bambú.
5.2. Derecho a la integridad personal
El equipo del Observatorio constató in situ la violación del derecho a la integridad personal (física, moral y
emocional) perpetrado hacia los niños, niñas y jóvenes del Bajo Aguán a través de los siguientes
indicadores:
“A veces me siento impotente ante tanta injusticia, quisiera tener respuestas a tanto problema. Por
estas razones he sido amenazado, pero a esto no le tengo miedo”.
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- Una calidad y cantidad deficiente de escuelas públicas.
- Atención médica precaria y atención preventiva inexistente.
- Uso de la fuerza para la solución de los conflictos.
- Presencia desproporcional y sin control de fuerzas y grupos armados que operan en la región.
- Ausencia de una respuesta oficial a los casos de violaciones a los derechos humanos de la población
infanto-juvenil del Bajo Aguán (empezando por la violación del derecho a la vida) y sin que hasta la fecha
se haya dado ningún paso hacia el esclarecimiento o la persecución judicial de estas violaciones.
5.3. Derecho a la educación
El gobierno de Porfirio Lobo Sosa asumió el compromiso particular de mejorar la educación en las
comunidades afiliadas al MUCA, mediante un convenio suscrito el 13 de abril de 2010. Sin embargo, se
observa que en esta región las violaciones al derecho a la educación no derivan sólo de la falta de
infraestructuras físicas y de personal docente. Durante la visita al Bajo Aguán, el Observatorio pudo recoger
testimonios, tanto en la comunidad La Confianza como en la comunidad Guadalupe Carney, donde se
señala la presencia de militares deambulando armados cerca de las escuelas y contribuyendo a un clima de
miedo entre los mismos alumnos.
Además cabe señalar que, debido a la ocupación militar de la escuela de la comunidad Guadalupe Carney,
se vio mermada la enseñanza escolar durante varias semanas (entre el 10 de abril y el 20 de mayo de
2010).
Partiendo de este indicador, el Observatorio acudió a la Dirección Distrital de Educación en el Municipio de
Tocoa, donde se recogieron los siguientes datos relativos a la estadística poblacional en materia educativa
correspondiente al mes de Junio de 2011:
Estadísticas en materia educativa. Junio 2011
Población estudiantil urbana 5.643 (2862 niñas/ 2781 niños)
Población estudiantil rural 6.665 (3286 niñas/ 3379 niños)
Población estudiantil en área privada 967 (502 niñas/ 465 niños)
Población estudiantil de primero a noveno grado 13.275 (6650 niñas/ 6625 niños)
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Datos estadísticos por niveles educativos
Educación Pre básica rural
Pre kínder: 29 alumnos (16 niñas y 13 niños)
Kínder: 210 alumnos (102 niñas y 108 niños)
Preparatoria 538 alumnos (268 niñas y 270 niños)
Educación Pre básica urbana
Pre kínder: 30 alumnos (11 niñas y 19 niños)
Kínder 245 alumnos (127 niñas y 118 niños)
Preparatoria 696 alumnos (362 niños y 334 niñas)
Educación Pre básica privada
Pre kínder 31 alumnos (14 niñas y 17 niños)
Kínder 64 alumnos (35 niñas y 29 niños)
Preparatoria 96 alumnos (45 niñas y 51 niños)
Es importante mencionar también los programas de educación nocturna, donde también se encuentran
estudiando niños y niñas desde los 14 años en adelante, por lo que vemos necesario hacer mención de la
existencia de una población de 176 jóvenes en la población de la zona.
En el municipio de Tocoa también se imparten clases con el programa CEPRE. Se trata de un centro de
preparación para la vida que fortalece en el estudiante el aspecto académico, personal y vocacional,
permitiéndole afrontar con éxito los nuevos retos que se le presentan en la vida universitaria. Este centro de
preparación para la vida universitaria ha extendido su servicio a otras zonas con el objetivo de contribuir en
el desarrollo de los pueblos en el proceso de la nueva concepción filosófica y educativa de la enseñanza y el
aprendizaje. Según datos del CEPRE:
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Educación pre básica CEPRE
Pre kínder 18 alumnos (10 niñas y 8 niños)
Kínder 254 alumnos (125 niñas y 129 niños)
Preparatoria 166 alumnos (86 niñas y 80 niños)
Los testimonios recogidos por el equipo de Observatorio en el Bajo Aguán constatan que en la región
persisten las limitaciones geográficas, económicas y culturales de la población en edad escolar para
asistir a un centro educativo; que quienes asisten a un centro de enseñanza no reciben una educación de
calidad debido a situaciones muy diversas, como los paros magisteriales, contenidos obsoletos, métodos
pedagógicos atrasados y falta de recursos didácticos; y que las condiciones infrahumanas de los niños y
niñas que viven en el Bajo Aguán dificultan gravemente sus capacidades de aprendizaje y rendimiento.
5.3.1. La matrícula gratis
Las autoridades educativas esperaban que para este año la matrícula educativa aumentara un 5% en los
diferentes niveles educativos de todo el país.
Las Leyes Fundamentales en materia de derechos humanos señalan que la educación primaria en Honduras
además de ser obligatoria, debe ser gratuita. Al respecto hay un decreto presidencial que lo vuelve más
específico. Se trata del Decreto PCM- 01-2006, de fecha 30 de Enero 2006 y el Acuerdo No. 0631-Se-2007
de fecha 30 de Enero del 2006, donde se establece que la matricula en los niveles pre-primario, primario y
medio de las escuelas e institutos públicos debe ser gratuita para contribuir a universalizar la educación.
De acuerdo con la Secretaria de Educación, este año se desembolsaron unos 300 millones de lempiras para
el proyecto “matricula gratis”, para que ésta fuera distribuida a través de bonos a unos 23.290 centros
educativos a nivel nacional.
La investigación que hizo el Observatorio en el Municipio de Tocoa constata que algunos centros no han
recibido dicho bono. Al respecto, algunas de las autoridades educativas consultadas argumentaron que los
centros no presentaron el informe correspondiente (requisito para poder reclamarlo), y explicaron que la
entrega de los bonos se hace a través de cuentas bancarias que están a nombre de los centros educativos,
por lo que si estos no están inscritos, difícilmente podrá llegarles la ayuda.
Al margen de cuáles sean las razones por las que la educación no sea enteramente gratuita para los
estudiantes de la escuela pública de las comunidades del Bajo Aguán, el cumplimiento del derecho a la
educación es un obligación del Estado. Por este motivo, el equipo del Observatorio considera que se
deberían poner en práctica las medidas necesarias para que la educación de calidad y gratuita llegue a las
escuelas de las comunidades analizadas en el presente estudio.
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5.4. Derecho a la salud
El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende
de todos ellos: del derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la dignidad humana, a la vida, a la
no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y
a la libertad de asociación.
Con el objetivo de investigar la situación de los derechos relacionados con la salud integral en la población
infanto-juvenil de la zona, el equipo del Observatorio se entrevistó con la directora del Hospital General San
Isidro de Tocoa. La directora dio a conocer las estadísticas de mortalidad infantil más recientes,
correspondientes al año 2010, en las que se reportan 26 muertes de niños menores de un año y 3 de
menores de cinco años. Las causas de sus muertes reflejan las mismas causas de muerte de niños a nivel
nacional; éstas son diarreas, neumonía, sepsis, asfixia, membrana hialina y desnutrición.
Con respecto a niñas embarazadas, la directora asegura que en ese municipio en el año 2010, del total de
embarazos registrados, el 2.6% correspondieron a niñas menores de 15 años y el 31.4% a adolescentes de
15 a 19 años, lo cual significa que el 33%, es decir, una tercera parte del total de embarazos son de
menores. Sobre embarazos recurrentes se registra una frecuencia del 6% en niñas menores de 15 años y
del 15.7% en el grupo de edad comprendido entre los 15 y 19 años, haciendo un total de 21.7% de
embarazos recurrentes. Es de hacer notar el alto porcentaje de niñas menores de 15 que tras una primera
experiencia de embarazo, vuelven a quedarse en estado.
Según reportes de la directora, el municipio de Tocoa registró en el año 2010 un total de 6.946 asistencias
médicas generales a adolescentes, de las cuales el 26% fueron abortos (1.805 abortos sobre el total de
6.946 asistencias generales en adolescentes en un año). Durante el embarazo, parto y puerperio hubo un
registro de 3 muertes maternas, de las cuales dos eran adolescentes, una de 17 años y otra de 19.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) realizó una encuesta de opinión entre un grupo de mujeres que
presentaban embarazos no deseados en América Latina en el año 2004. El informe incluye las aportaciones
y análisis de dichas entrevistas por parte de un grupo de gineco-obstetras. Según los expertos, las razones
más habituales de tales embarazos se asocian a la falta de conocimientos, a un déficit en el acceso a los
servicios de planificación familiar, al miedo a los efectos colaterales de los métodos anticonceptivos y a la
oposición de sus parejas al uso de los métodos (Campaña 1999a.8). Sin embargo, investigaciones recientes
aseguran que las causas de las elevadas tasas de aborto en el país, van más allá de la falta de información,
acceso o recursos económicos. Se identifican como factores de riesgo la aceptación de relaciones sexuales
a edades tempranas, el uso precoz de alcohol y drogas, la malnutrición, el sometimiento constante a
situaciones de estrés y los abusos sexuales reiterados.
Las trabajadoras sociales del hospital advirtieron sobre diversos casos de niñas que han dado a luz como
producto de violaciones. También manifestaron que los problemas más extremos que se dan en este
municipio en casos de infancia se relacionan con VIH/SIDA, violaciones sexuales y repercusiones del
narcotráfico (aunque no manejan datos estadísticos precisos porque la gente no siempre denuncia estas
violaciones ante las autoridades correspondientes). Esto refleja el estigma social que aún representa para la
sociedad este tipo de situaciones.
De acuerdo con los expertos del hospital de la zona, el 90% de las violaciones que se atienden en el hospital
afectan a niñas, pero ellos mismos afirman que ya no se puede seguir creyendo que sólo las niñas estén
sufriendo este tipo de vejámenes. No obstante, no se reportó el número de casos de varones atendidos.
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El Observatorio también constató la existencia de tráfico y explotación sexual y laboral en la zona del Bajo
Aguán a través del testimonio de varias personas en las comunidades. Es preocupante para el Observatorio
advertir que muchos de los casos de violaciones sexuales no trascienden.
Otros casos tienen que ver con denuncias de maltrato infantil, que como ocurre con las violaciones, con
frecuencia son ocultadas por familiares y vecinos de las víctimas, por considerarlas “asuntos personales” o
“asuntos de familia”. No obstante, las trabajadoras sociales del Hospital San Isidro indicaron que ante este
tipo de casos se reportan los hechos ante la fiscalía de la infancia.
Según aseguran los profesionales de la medicina entrevistados, este tipo de experiencias vitales provocan
una sintomatología clínica asociada, caracterizada generalmente por ataques de pánico, terrores nocturnos,
ansiedad, flash-backs, fatiga crónica, depresión, déficit de atención, aislamiento, entre otros. Todos estos
hechos fueron corroborados por el equipo técnico de psicólogos que abordó las sesiones de evaluación con
los niños y jóvenes de la zona.
5.5. Derecho a la vivienda
Tal y como lo define el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)1, el derecho a la
vivienda incluye la prohibición de los desalojos forzosos de grupos vulnerables, así como la existencia e
implementación de mecanismos de compensación e indemnización en los casos de desalojos forzosos ya
efectuados.
En su informe sobre Observaciones Generales en materia de desalojos forzosos, se especifica que estos
constituyen una primera fase de las violaciones a los derechos humanos y que únicamente son justificados
si se hacen bajo las siguientes condiciones:
- En cumplimiento del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
- En coherencia con la legislación nacional y el derecho internacional en materia de desalojos.
- En cumplimiento del debido proceso.
Como Medidas obligatorias que deben agotarse previamente a un desalojo, la Observación General n° 7 del
Comité establece:
- Estudio profundo socio-histórico del caso.
- Estudio profundo registral-catastral del caso.
- Consulta auténtica a los interesados.
- Accesibilidad de recursos jurídicos y asesoría oportuna previa al desalojo.
1 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) es el órgano de expertos independientes que supervisa la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes. El Comité se estableció en
virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para
desempeñar las funciones de supervisión asignadas a este Consejo en la parte IV del Pacto.
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- Agotamiento de todas formas de solución pacífica y no-violenta (mediación).
- Existencia de un plan de reubicación adecuada.
De acuerdo con los testimonios recabados por el Observatorio, ninguna de estas medidas ha sido aplicada
en los asentamientos del MUCA, afectando con ello la estabilidad física y emocional de su población infantojuvenil.
5.6. Derecho a la alimentación
El equipo del Observatorio hizo un monitoreo sobre el proyecto merienda escolar, realizado a nivel nacional
a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los datos reportados desde la comunidad de La
Confianza reflejan que en dicha zona no se está recibiendo tal beneficio.
Según el responsable del proyecto, el 98% de la población escolar recibe la merienda, aunque son
conscientes de que hay comunidades a las que no se llega, en parte porque no todas las escuelas se
encuentran inscritas en las bases del programa.
Por los motivos que fueren, el Observatorio constató que la merienda escolar no estaba siendo recibida en la
zona del Bajo Aguán y por este motivo, se realizaron los trámites necesarios para denunciar estos hechos a
las autoridades competentes.
6. Intervención del equipo de psicólogos de Casa Alianza en el Bajo Aguán
RESPONSABLE: Licenciada. Steffany Gónzalez
FECHA: Del 10 de julio al 15 de julio del 2011
6.1. Objetivo General
El objetivo general de la intervención consistió en brindar apoyo psicológico y emocional a los niños, niñas y
adolecentes víctimas del conflicto agrario en el Bajo Aguán, facilitándoles las herramientas necesarias para
ayudarles a manejar situaciones de estrés o crisis y así mejorar su bienestar general.
6.2. Objetivos Específicos
- Desarrollar actividades de integración grupal a través juegos y dinámicas para establecer rapports,
romper el hielo y crear un clima de confianza.
- Desarrollar terapia grupal con todos los jóvenes de la comunidad para identificar niños y niñas con daño
emocional o psicológico.
- Desarrollar terapia grupal con los niños y niñas que presenten daño psicológico o emocional, donde
puedan hacer catarsis, identificar y manejar adecuadamente sentimientos y emociones.
- Desarrollar terapia grupal con los niños y niñas que presenten daños psicológicos o emocionales donde
se les brinden herramientas psicológicas e individuales para poner en práctica cuando se encuentren en
situaciones de estrés o crisis.
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- Brindar atención individual a los jóvenes que presenten mayor daño psicológico o emocional.
- Realizar intervenciones familiares en aquellos casos especiales que lo requieran.
6.3. Actividades desarrolladas
6.3.1. Abordaje grupal
Las actividades grupales se realizaron con el objetivo de que los participantes tuvieran la oportunidad de
compartir experiencias positivas con otros jóvenes que atraviesan experiencias vitales similares y al mismo
tiempo, enseñarles a desarrollar habilidades de resolución de conflictos para situaciones futuras.
Se logró brindar atención grupal a tres asentamientos del Bajo Aguán: Sinaloa (margen Derecho) y Rigores y
Marañones (margen Izquierdo).
Durante esta jornada de trabajo se brindó terapia grupal a 122 Jóvenes.
A continuación pasan a detallarse los ejercicios desarrollados en el abordaje grupal: ejercicios de
ludoterapia, expresión de sentimientos y afecto, soporte familiar, identificación de agentes de protección y
ejercicios de relajación y respiración.
I. Ludoterapia
La ludoterapia es un medio de expresión natural que facilita la comunicación y la expresión de situaciones y
vivencias. Además permite una liberación catártica de sentimientos, frustraciones y ansiedades. Es una
técnica terapéutica que consiste en la terapia de juego. En este caso, se decidió no hacerla directiva y se
dejó a la libertad y dirección de los participantes para observar la interacción y proyección en relación a la
situación familiar y social, comprendiendo así mejor el mundo de los niños y niñas del Bajo Aguán. En esta
terapia grupal participaron todos los niños y niñas de las comunidades que asisten a la escuela y se
pudieron identificar aquellos que manifestaban daños emocionales o psicológicos, clasificándolos para las
terapias grupales posteriores.
Materiales utilizados: se facilitaron diversos juguetes tales como carros de carrera, ambulancia, patrullas
policiales, carros de bomberos, pistolas, granadas, esposas, muñecas, legos y cocinas.
Posteriormente se realizó una sesión plenaria donde cada joven refiere con qué juguete jugó y situaciones
relacionadas con el conflicto y experiencias que han vivido en relación al evento.
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Se encontraron ciertas características definidas del juego:
- Enlace inconsciente entre el juego y el evento vivido.
- Uso de pláticas y reproducción de escenas.
- Identificación de la autoridad como amenaza.
- Fuerte interés por juegos de armas y agresión a otros.
II. Expresión de sentimientos
Se trata de una terapia de tipo grupal en la que se busca que el participante identifique cómo se siente y lo
plasme con plastilina, socializándolo posteriormente.
Materiales: Plastilina de diferentes colores, página en blanco, marcadores y pegamento.
Instrucciones: Se organiza en círculo el grupo con el que se va a trabajar, se reparte el material y se le
explica que con la plastilina creará algo que represente cómo se ha estado sintiendo.
Posteriormente se realiza una sesión plenaria donde cada joven explica su creación, qué representa lo que
creó, por qué se siente de tal manera y qué puede hacer para no seguir sintiéndose así.
La actividad se desarrolla con el propósito de crear un espacio de confianza donde los niños y niñas puedan
identificar, reconocer y exteriorizar sus sentimientos, emociones y frustraciones; además de valorar los
recursos personales de afrontamiento con los que cuenta cada niño o niña.
Algunos elaboraron soles, flores, casas y familias representando felicidad y alegría. Otros elaboraron días
lluviosos, niños tristes y llorando representando tristeza y desanimo. Otros niños elaboraron cocodrilos y
armas, representando su malestar, enojo y frustración.
III. Soporte familiar
Por medio de la técnica proyectiva del dibujo de la familia se busca identificar el núcleo familiar y valorar el
soporte familiar de cada niño o niña, reconociéndoles como agentes de protección ante posibles peligros.
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Materiales: Páginas blancas, lápiz gráfico, colores, marcadores.
Instrucciones: Se organiza al grupo, se distribuyen los materiales y se les indica que dibujen a su familia
como ellos deseen. Posteriormente, se desarrolla una sesión plenaria donde los participantes expresan a
qué miembros de la familia dibujaron, con quiénes tienen mejor relación y con quiénes mantienen relaciones
conflictivas dentro del núcleo familiar. Se refuerzan los lazos afectivos y familiares saludables.
Los niños y niñas de los asentamientos provienen de hogares integrados. Sin embargo refieren poca o
escasa comunicación en los hogares; no tienen espacios de esparcimiento y de comunicación familiar.
A través de la técnica se logró identificar un caso de maltrato físico y verbal ya que cuando el niño
maltratado socializó su dibujo, los demás participantes hicieron referencia a que el niño siempre llegaba
golpeado a la escuela. Situación que se logró constatar e intervenir posteriormente.
IV. Las manos que me protegen
El objetivo de la terapia es que los niños y niñas participantes puedan identificar a todas aquellas personas
de la comunidad a quienes puedan acudir en situaciones de peligro y con quienes se sientan protegidos.
Materiales: Paginas blancas, papel construcción diferentes colores, pegamento, lápices, tijeras, marcadores.
Instrucciones: Se solicita a los participantes que dibujen ambas manos en el papel, las recorten y
posteriormente las peguen en una página blanca. Luego se les pide que cierren sus ojos y piensen en todas
aquellas personas con quienes se sienten protegidos, luego que las escriban en cada dedo de las manos
que dibujaron.
Algunos niños y niñas identificaron a sus padres y familiares cercanos, otros a sus amigos y algunos niños
manifestaron sentirse desprotegidos, sin nadie que velara por ellos.
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V. Terapia de relajación
La terapia se desarrolla a través de la imaginación guiada. Se pretende conseguir que los niños y niñas
alcancen un estado de relajación y tranquilidad que disminuya en la medida de lo posible la tensión que
puedan sentir a causa de las situaciones de estrés y peligro que sufren y conseguir que adquieran una
estabilidad emocional que les permita alcanzar cierto grado de autocontrol. Además, se les facilita como
técnica que ellos mismos pueden utilizar y desarrollar en espacios de tranquilidad cuando se sientan bajo
situaciones de estrés, tristeza o angustia.
Materiales: Generalmente la técnica se realiza con música instrumental de fondo y aroma (si se cuenta con
el recurso). En este caso, aunque no se disponía de estos materiales, la terapia se desarrolló exitosamente,
logrando que los participantes alcanzaran el grado de relajación adecuado.
VI. Ejercicios de respiración
Se trata de una técnica en al que, a través del control de la frecuencia respiratoria y cardiaca, se consiguen
reducir los niveles de tensión o emotividad de una persona. Esta técnica es de vital importancia en la
intervención de pacientes con estrés postraumático. Se hace con el propósito de llevar oxígeno al cerebro y
lograr la estabilidad psicológica y emocional. Además se le facilita como técnica que ellos mismos pueden
utilizar y desarrollar en espacios de tranquilidad, cuando se sientan bajo situaciones de estrés, tristeza o
angustia.
Tras haber realizado los ejercicios de respiración, los niños y niñas participantes levantaron su mano y se
comprometieron a realizar estos ejercicios diariamente, sobre todo en aquellos momentos donde se sientan
ansiosos, angustiados, con miedo, tristeza o frustración.
Instrucciones: Se solicita a los participantes que se sienten en una posición cómoda, cierren sus ojos e
introduzcan aire a sus pulmones por la nariz, manteniéndolo el mayor tiempo posible y posteriormente
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sacándolo lentamente por la boca (inhalar y exhalar). Al salir el aire por su boca, expulsan todas las
situaciones que no les permitan estar en paz consigo mismos y con los demás.
En las sesiones posteriores con los participantes, refirieron haber practicado el ejercicio de respiración ya
que éste les había resultado muy efectivo. Además, estaban enseñando estos ejercicios a otros niños de la
comunidad que no habían acudido a las primeras sesiones.
VII. Cierre
Una vez desarrolladas todas las intervenciones que anteceden, se llevó a cabo el cierre de trabajo con los
niños y niñas participantes en las terapias grupales y se compartió con ellos una merienda. Se les convocó
en las escuelas y se organizó una lectura de cuentos y una ronda de preguntas y premios. Se dejaron en la
escuela los juguetes de la ludoterapia.
6.3.2. Abordaje individual
Se brindó atención individual a los niños y niñas que en las terapias grupales manifestaron alguna situación
irregular como tristeza, dificultad para dormir, temor a salir de la casa, ataques de pánico, pesadillas o
miedo. Otros fueron referidos directamente por dirigentes campesinos.
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El objetivo del abordaje individual es modificar comportamientos y pensamientos personales. Se investiga el
funcionamiento actual que está basado más en el “qué puedo hacer para cambiar” y se busca lograr el
funcionamiento independiente del paciente, realizando tareas de autoayuda y autoevaluación.
Técnicas utilizadas:
- Técnicas de imaginación: Consiste en situar al niño en la situación que genera la problemática a través
de su imaginación para poder analizar de una manera más vivencial la situación y ofrecer el tipo de
intervención necesaria. Dicha técnica se acompaña con técnicas de relajación que le permiten
sumergirse más en la experiencia.
- Catarsis: Consiste en identificar a alguien de confianza dentro del círculo familiar, quien pueda ser
referencia para conversar y expresar cómo se siente o lo que le está pasando. Se refuerza la importancia
del desahogo y la exteriorización de sentimientos, emociones o situaciones de disgusto que esté
atravesando.
- Técnicas de sustitución y de expresión de sentimientos y emociones: Diferentes estrategias como
escribir, dibujar, masticar chicle, practicar deporte, etc. Dichas técnicas son utilizadas en situaciones de
frustración, enojo, tristeza, y el objetivo es canalizar dichos sentimientos de una manera sana e individual,
sin la presencia de un guía. En ambas comunidades se facilitó a los niños y niñas diarios para que
pudieran escribir.
- Técnica de hiperventilación: Uno de los niños presentó un ataque de pánico en el momento de la
sesión. Se le facilito una bolsa de papel y se le enseñaron los ejercicios de hiperventilación. Además se
visitó a su familia para solicitar el apoyo correspondiente cuando la niña presente ataques de pánico en
un futuro.
6.3.3. Intervención familiar
Se realizaron varias intervenciones familiares con el propósito de explorar la situación familiar de algunos
niños y niñas e intervenir directamente en las irregularidades que estaban viviendo dentro de sus hogares.
I. Primera Intervención:
La primera intervención se realizó a una de las familias más afectadas en la comunidad de La Confianza, ya
que una madre de familia sufrió un disparo en un enfrentamiento y los niños y niñas de la comunidad
presenciaron el evento. La familia relata cómo ocurrió la situación en tempranas horas de la mañana y las
repercusiones psicológicas después del incidente en los niños y niñas.
Algunas de las manifestaciones son alteración en el sueño, temor a salir de la casa, revivencias de lo
ocurrido a través del recuerdo e imágenes; llanto, tristeza, ansiedad, cansancio, fatiga, irritabilidad y tensión
muscular.
Se realizaron dos intervenciones familiares donde se brindaron las herramientas psicológicas para afrontar
futuras situaciones de conflicto, para el manejo de los síntomas y las manifestaciones antes mencionadas,
así como psicoterapia de apoyo.
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II. Segunda Intervención:
La segunda intervención se realizó a otra familia que reside junto a la primera familia intervenida, quienes
también presenciaron el incidente antes mencionado. La familia está compuesta por ambos padres de
familia y dos niños de 3 y 5 años, quienes han sido los más afectados pues han sufrido de alteraciones del
sueño, terrores nocturnos, falta de apetito, llanto y temor a salir de casa. Se orientó a los padres y se les
brindaron las herramientas e instrucciones necesarias para intervenir de manera adecuada cuando se
presenten las crisis en los niños en un futuro. Además se discutieron y plantearon factores de autoprotección
para prevenir que los niños sigan presenciando este tipo de escenas y evitar así daños mayores.
III. Tercera intervención:
La tercera intervención familiar se realizó debido a que uno de los niños de la comunidad de La Confianza
mientras participaba de las terapias grupales llegó con golpes en su cuerpo. Posteriormente al explorar la
situación, los niños de la escuela hicieron la denuncia de que el niño con frecuencia llegaba golpeado. Se
disidió consultar con la abogada sobre los mecanismos de intervención ante una situación de maltrato a lo
que se logró hacer la intervención familiar junto a la abogada con los padres de familia del niño maltratado.
La madre de familia reconoció hacer uso de los golpes para corregir a su hijo pues no sabe otra forma para
hacerlo. Se le exhortó, orientó e informó sobre las implicaciones legales y psicológicas en el niño al ser
víctima de maltrato y las consecuencias futuras si continuaba dicha situación.
IV. Cuarta intervención:
La cuarta intervención familiar se realizó en la comunidad de Marañones con la familia de una niña de 12
años que durante la terapia grupal había experimentado dos ataques de pánico por las constantes balaceras
que se producen en la zona en la que vive. La intervención familiar se realizó con el propósito de explorar los
antecedentes genéticos de la niña para descartar que existiera algún componente hereditario y
predisponerte por el que la niña presentara esos ataques. Al explorar la información se corrobora que la
madre de la niña ha presentado “crisis de nervios” desde hace 20 años, situación que se vino a agravar
después de haberse trasladado al Bajo Aguán.
Posteriormente, se hizo otra intervención a la familia para informar, orientar y dar instrucciones puntuales
para el manejo adecuado de dichos ataques. Además se sugiere que visiten al médico especialista de la
ciudad para optar a un tratamiento médico pronto.
Ante dicha situación y pensando en todo momento en el bienestar de la niña, los padres de familia nos
solicitaron la posibilidad de inscribir a la niña en el programa residencial de Casa Alianza ya que refieren no
tener los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de la niña, ni para brindarle atención
especializada. Una vez trasladada la niña al programa residencial se le brindaron las atenciones médicas
necesarias y se le asignó tratamiento médico.
V. Quinta intervención:
La quinta intervención familiar se realizó con la familia de un joven de 16 años que se identificó como
víctima de explotación laboral en el corte de palma africana. Al intervenir, la familia aseguró ignorar que tal
situación ponía al joven en situación de riesgo social, por lo que el padre solicitó la oportunidad de trasladar
al joven a Tegucigalpa para ser beneficiario de Casa Alianza.
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7. Logros alcanzados por el Observatorio en la vista al Bajo Aguán
- Se logró brindar atención individual y grupal a los niños y niñas víctimas del conflicto.
- Se logró despertar el interés y la participación de las comunidades, las familias y los niños y niñas en
los procesos terapéuticos individuales y grupales.
- Se logró contar con el apoyo y coordinación de las escuelas de las comunidades para que nos
brindaran el espacio físico y nos facilitaran el proceso de identificación de niños y niñas con daño
psicológico y/o emocional.
- Por medio de las técnicas terapéuticas utilizadas se lograron identificar las problemáticas de las que
están siendo víctimas los niños y niñas de la zona y las manifestaciones psicológicas que están
padeciendo como consecuencia del conflicto.
- Se realizaron intervenciones familiares en los casos que en el equipo técnico lo consideró necesario.
- Se trasladó a dos niños al programa residencial de Casa Alianza, quienes podrán optar a mejores
oportunidades de vida.
- Se brindaron las herramientas terapéuticas de uso personal para utilizar en momentos de adversidad o
crisis.
- Se realizó una evaluación final donde se logró constatar que los niños, niñas y jóvenes estaban
poniendo en práctica los ejercicios enseñados.
8. Recomendaciones
Se pone de manifiesto que la situación vivida por la población infanto-juvenil del Bajo Aguán pasa
desapercibida, incluso para la mayoría de los organismos e instituciones encargados de velar por la
seguridad y la protección de la infancia en el país. Por este motivo se considera necesario promover
acciones de denuncia contra los crímenes cometidos y las situaciones de violación de derechos humanos
fundamentales en la región de análisis.
Las diversas organizaciones de derechos humanos asignadas en las zonas descritas han dejado constancia
de las dificultades que tienen para abordar acciones de respeto y garantía de los derechos exigidos.
Principalmente hacen referencia a la falta de logística, coordinación e información. Se necesita facilitar el
acceso a estos recursos con carácter de urgencia.
Es necesario monitorizar la situación de la infancia en el Bajo Aguán, haciendo los seguimientos
pertinentes hasta garantizar el adecuado cumplimiento de los derechos de cada uno de sus niños y niñas.
Esto comienza con la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos.
En lo relativo a la salud pública sería necesario establecer un sistema de atención ambulatoria ya que
muchos de los niños, niñas y jóvenes que viven en las zonas más alejadas no tienen los recursos necesarios
para poder trasladarse a los hospitales o centros de salud de la municipalidad.
La población del Bajo Aguán, en especial los niños, niñas y jóvenes de sus comunidades, presentan cuadros
graves de estrés postraumático debido a las situaciones de violencia crónica que viven. Sería por ello
necesario que se les brindara la intervención psicológica y médica necesaria para paliar las secuelas de
las experiencias de conflicto.
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En educación urge que las autoridades públicas asuman las condiciones de la población infanto-juvenil del
Bajo Aguán y les brinden todas las atenciones necesarias en materia pedagógica, logística y de
recursos humanos y tecnológicos posibles.
De igual modo, sería importante ampliar el campo de actuación de los Servicios Sociales del Estado en
materia de atención sanitaria, psicológica, educativa, etc. para que los recursos lleguen también a las
comunidades más alejadas.
Por su parte, el Registro Nacional de las Personas en Honduras debería contar con personal capacitado
desde las municipalidades para acudir a las comunidades y establecer los registros oportunos; de este
modo disminuiría el déficit en el registro de nacimientos de la zona.
El equipo del Observatorio corroboró en la visita a las comunidades del Bajo Aguán las violaciones a los
derechos básicos de los niños, niñas y jóvenes en lo relativo a su derecho a la libertad, a la vida, a la salud,
a la dignidad, a la libertad, a la identidad, a recibir un nombre, a la educación, a la alimentación, al vestido, al
ocio, así como en su derecho a la protección contra el maltrato, la corrupción, el abandono o el peligro.
Considerando que en fecha 31 de Mayo de 1990, mediante el Decreto N°75-90, el Estado de Honduras
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (instrumento que reúne los principios esenciales para
garantizar a la niñez el acceso a su bienestar general) y que la Constitución de la República establece que la
infancia hondureña deberá gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, se insta a los
organismos oficiales a que cumplan las pautas establecidas en las Leyes Fundamentales de Estado y
en los Convenios Internacionales y Universales de Derechos Humanos.
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Índice de Anexos
Anexo 1. Cuadro de Registro de Menores. M.U.C.A. 2011 1
Anexo 2. Promedio diario de atenciones del equipo de psicólogos de Casa Alianza en el Bajo Aguán 2
Anexo 3. Reflexiones de la Iglesia Católica sobre el conflicto en el Bajo Aguán 3
Anexo 4. Informe de Observaciones Generales Adoptadas por el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (CESCR) en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985,
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
6
Anexo 5. Pronunciamiento del MUCA sobre el conflicto del Bajo Aguán 11
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Anexo 1. Cuadro de Registro de Menores. M.U.C.A. 2011
ASENTAMIENTO
ASENTAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE
LA CONFIANZA 222 38%
CONCE 147 25%
LEMPIRA 121 21%
CHILE 75 13%
QUEBRADA HONDA 13 3%
Total 578 100%
GENERO
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE
Masculino 308 53%
Femenino 270 47%
Total 578 100%
RANGO DE EDAD
RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE
0-10 años 320 55%
11-18 años 258 45%
Total 578 100%
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Anexo 2. Promedio diario de atenciones del equipo de psicólogos de Casa Alianza en el
Bajo Aguán
Promedio diario de atenciones individuales
Niños Únicos Frecuencia Promedio
22 29 6
Promedio diario de atenciones brindadas
Niños únicos
Frecuencia de
atención
Promedio
122 184 37
Promedio diario de atenciones grupales
Niños Únicos Frecuencia promedio
122 156 31
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Anexo 3. Reflexiones de la Iglesia Católica sobre el conflicto en el Bajo Aguán
En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), preocupados por los
acontecimientos sobre los conflictos en el Bajo Aguán que nos ha referido el Señor Obispo de
Trujillo junto con su Presbiterio, ofrecemos a los fieles, agentes de pastoral y personas de buena
voluntad las siguientes reflexiones:
1.-La Iglesia Católica es, por vocación, buscadora incansable de la Verdad y de la Libertad, buscamos la
Justicia desde el respeto a la Verdad; y buscamos el Derecho desde el respeto a la Libertad, cuando se dan
conflictos tan graves como el del Bajo Aguán, tenemos la obligación de buscar en la Justicia y el Derecho los
caminos que nos ayuden a vivir en la Verdad y en la Libertad.
Fiel a esta búsqueda, la Iglesia Católica opta, tal como lo hizo el Señor Jesús, por las personas más pobres
y marginadas de la sociedad. Lo hacemos para compartir con ellas la defensa de sus derechos, lo hacemos
para que también los pobres y marginados vivan los valores de la verdad y de la libertad al conocer y
respetar la Justicia y el Derecho; pero esta opción por lo pobres y la defensa de sus derechos, no significa la
aprobación de medios violentos, porque rechazamos la violencia, venga de donde venga. Y, sobre todo,
rechazamos la violencia que proviene del abuso del poder, sea de la clase que sea.
A partir de estas convicciones, como miembros responsables del caminar de la Iglesia Católica de Honduras,
hacemos un llamado a las partes involucradas en las diversas crisis, para que busquen decidida y
firmemente una solución permanente a estos conflictos sangrientos que se viven, entre otros lugares, en el
Bajo Aguán.
2.-El conflicto tiene varios protagonistas, cuyas responsabilidades no podemos juzgar, pero que si podemos
señalar, a fin de crear conciencia y llamarles a la búsqueda de una solución justa.
a) EL GOBIERNO. Habiendo heredado este conflicto que podían y debían haber solucionado los gobiernos
anteriores, el actual Gobierno es responsable, en buena parte, de no haber logrado aun el cumplimiento de
unos acuerdos que, en su momento, se considero capacitado para firmar con los Movimientos Campesinos
del Bajo Aguán. Su actitud prolonga esta situación, que cada día se hace más violenta, y está perdiendo la
oportunidad de mostrar al pueblo de Honduras los caminos por los que la Justicia y el Derecho deben
enfrentar toda la problemática creada por los fracasos de los anteriores intentos de una Reforma Agraria que
hoy se hace más necesaria y urgente que nunca.
b) EL CAMPESINADO. El concepto “campesinado”, al generalizarlo, tiene el peligro de llevarnos a
confundir o ignorar las diferentes posiciones que entre los mismos campesinos se dan, sobre todo ante el
conflicto de la tenencia de la tierra que tanta violencia está provocando. Campesinos son los que jamás han
sido propietarios de tierras y las reclaman con todo derecho para trabajarlas; campesinos son los que fueron
propietarios de las empresas campesinas y las vendieron libremente; campesinos son los que fueron
engañados o forzados para que vendieran sus tierras contra su voluntad; campesinos son también los que
ya poseen tierras y están viendo como aumentar sus posesiones aprovechando las actuales luchas;
campesinos son los que están asociados; campesinos son los independientes; campesinos son los que
están armados; campesinos son los que no poseen más armas que sus machetes… Lo cierto, y lo que una
vez denunciamos, es que la mayoría de las víctimas mortales que hasta el momento se han producido, son
miembros del campesinado.
c) LOS TERRATENIENTES. La acumulación desmesurada de tierras es de por sí una injusticia social,
porque es un atentado contra el Bien Común y porque desvirtúa la función social que toda propiedad privada
debería ejercer. Por muy legalizadas que estén las tierras que se poseen, no pueden defenderse con la
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violencia como lo han hecho en el Bajo Aguán provocando la muertes de muchos: no se puede convertir a
los empleados y guardias de seguridad de las fincas en un ejército armado y violento que ha provocado
tanta muerte y que al mismo tiempo ha puesto su propia cuota de víctimas mortales. Campesinos y
vigilantes son personas del mismo estrato social pobre que buscan trabajo para sobrevivir. Y los muertos
nos duelen por igual, sean de la clase social que sean.
d) EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRAFICO. Se han enseñoreado de esta zona de Honduras.
Pasean sin ningún escrúpulo su condición de nuevos ricos, poseedores de armas prohibidas por la Ley.
Están también en el negocio de convertirse en latifundistas poseedores de grandes extensiones de tierra.
Significan un poder que parece poseer total inmunidad y que la mayoría de la población teme; pero,
paradójicamente, también significan la oportunidad de conseguir ingresos superiores a los que un empleo
honrado es capaz de ofrecer. Se habla de posibles conexiones de estos protagonistas con algunos
miembros de los tres grupos anteriores, pero todos sabemos que para poder denunciar actividades ilegales
hay que tener pruebas…. Y obtenerlas compete a la policía de investigación y al Ministerio Publico.
e) LOS AGENTES DEL ORDEN PÚBLICO Y DE LAS FUERZAS ARMADAS. No hay duda de que el
Estado de Honduras tiene la autoridad para desplazar a cualquier zona conflictiva los agentes del orden
público que garanticen la seguridad de la ciudadanía y el respeto a la Ley.- Sin embargo, curiosamente, en
el caso del Bajo Aguán, la población campesina, mayoritariamente, teme su presencia, seguramente por las
experiencias, vividas en carne propia, del abuso de autoridad de algunos miembros de estos cuerpos del
Estado. Otros pobladores, sobre todo comerciantes de las zonas urbanas, y los mismos terratenientes, se
sienten protegidos por esta presencia. Además, el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas justifican
su presencia masiva en la zona para un desarme que, absurdamente, se anuncia con antelación y que
nunca se ha hecho efectivo.
f) OTROS PROTAGONISTAS, Se comenta entre el pueblo que existen personas infiltradas en las
Asociaciones o Movimientos campesinos, quizá con intención de desestabilizar todo este proceso que el
Gobierno actual ha dado muestras de querer resolver, o con otras intenciones que no es fácil conocer.
También es este grupo hay que señalar a los Abogados, que juegan un papel importantísimo, sea para
conducir el conflicto hacia una solución que busque el bien de la mayoría, sea para agravarlo con el arte de
manipular las leyes a favor del mejor postor. Y hay motivos para sospechar que probablemente hay
personajes no identificados que podríamos considerar como verdaderos autores intelectuales de toda esta
desgraciada trama tan difícil de desentrañar.
3.-Reiteramos que la Iglesia Católica no se constituye en juez de este conflicto, pero si nos corresponde, por
fidelidad a nuestra vocación profética denunciar, en medio de la complejidad de esta situación, la
responsabilidad de los que no intervienen de manera firme, justa y no politizada, debiendo hacerlo, así como
la de los que intervienen de modo negativo, sin deber intervenir.
Como Iglesia Católica, estamos y estaremos siempre al lado de aquellos campesinos que pasan verdadera
necesidad y sufren las consecuencias de su pobreza y del abandono por parte del Estado. Estamos y
estaremos al lado de aquellos que defienden sus derechos por el camino de la legalidad y del dialogo, como
Iglesia Católica estamos a favor de la vida, que debe ser siempre respetada, y que en el caso del Bajo
Aguán ha sido profanada con decenas de víctimas, que si no se adopta una decisión justa, aumentaran de
manera incontrolable, no dejamos de predicar los valores del Evangelio para convertir el corazón de todas
las personas que no optan por los caminos de la legalidad, el dialogo y la no violencia, sino por los de la
falsa política, la trampa, la mentira y la falta de respeto a la vida. Por lo tanto se concluye:
Informe de Verificación de Derechos de la Infancia en la zona del Bajo Aguán
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A) La gran mayoría de personas pertenecientes a estos grupos de protagonistas principales del conflicto
están armadas, y por contagio o por miedo, la mayoría de la población de estos departamentos posee
armas. Si no se da un verdadero desarme en Honduras, no podrá descender el nivel de violencia
criminal.
B) No puede tratarse solamente de un desarme de las armas de fuego. Necesitamos un desarme moral
de todas esas armas que usamos para seguir destruyendo nuestra convivencia y deteriorando la
calidad de nuestra vida. Hay que desarmarse de la sed de venganza que anida en el corazón de tantas
personas y familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido victima de la violencia generalizada. Hay
que desarmarse del rencor generado por la injusta desigualdad en que vivimos en Honduras. Hay que
desarmarse de los prejuicios que nos hacen ver a las otras clases o grupos sociales, a los que no
pertenecemos, como enemigos a quienes debemos odiar. Hay que desarmarse de los argumentos
ideológicos que creemos nos dan el derecho a despreciar a quienes no piensan como nosotros o tienen
opciones políticas distintas a las nuestras. Hay que desarmarse del odio, la calumnia y la división que
siembran constantemente algunos medios de comunicación.
C) Necesitamos, en cambio, armarnos de valor, justicia y verdad para erradicar la impunidad y la corrupción.
D) Consideramos necesario que el Gobierno de cumplimiento a los acuerdos firmados con los grupos
campesinos, respetando las decisiones de los Tribunales de Justicia si no se logra un acuerdo inmediato en
el dialogo entre los diferentes grupos sociales implicados. Esto puede ser un camino fiable para resolver la
problemática de la tenencia de la tierra a nivel nacional.
E) La Constitución de la República define el camino de la Reforma Agraria en el art. 345: ** La Reforma
Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la Nación, por lo que las demás
políticas económicas y sociales que el Gobierno aprueba, deberán formularse y ejecutarse en forma
armónica con aquella, especialmente las que tienen que ver ente otras, con la educación, la vivienda, el
empleo, la infraestructura, la comercialización y asistencia técnica y crediticia. La Reforma Agraria se
ejecutara de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos, en condiciones de igualdad
con los demás señores de la producción, en el proceso de desarrollo económico, social y político de la
Nación**.
F) El Ministerio Público y los Organismos de Derechos Humanos, han de llevar a cabo una investigación a
fondo que garantice el esclarecimiento de todos los hechos siguientes de los últimos años a fin de que se
aplique la Ley a los responsables de los mismos.
La Iglesia que peregrina en Honduras sigue mirando con dolor de madre al Bajo Aguán a través de la
Diócesis de Trujillo con la que nos solidarizamos como hemos sido, allí se debate un conflicto que se
complica cada vez más, solamente el dialogo sincero, el interés por el bien común, el respeto por la vida y
dignidad humana, la buena voluntad de las partes cediendo todas por amor a la patria dará el resultado
esperado. Pero no olvidemos que no habrá paz sin justicia, reconstrucción sin perdón solidario, comunidad
sin solidaridad.
Con María, la Virgen de Suyapa, que nos enseña a buscar la unidad en el amor, oremos juntos al Señor
para que no se derrame más sangre en el Bajo Aguán, ni en toda Honduras.
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Anexo 4. Informe de Observaciones Generales Adoptadas por el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (CESCR) en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de
1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Observación general Nº 7
El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos
1. En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el
hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie
incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre
desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes
no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las
consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto.
2. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos
es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que
debería prestarse especial atención a "iniciar operaciones importantes de evacuación sólo cuando las
medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación”. En
1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su
resolución 43/181, se reconoció la "obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las
casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos”. En el Programa 21 se declaraba que "debería
protegerse legalmente a la población contra el desalojo injusto de sus hogares o sus tierras". En el Programa
de Hábitat los gobiernos se comprometieron a "proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos
que sean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos, y garantizar la protección y
reparación judicial en esos casos; [y] cuando los desahucios sean inevitables tratar, según corresponda, de
encontrar otras soluciones apropiadas. La Comisión de Derechos Humanos también ha señalado que "la
práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos". Sin embargo,
aunque estas declaraciones son importantes, dejan pendiente una de las cuestiones más decisivas, a saber,
determinar las circunstancias en que son admisibles los desalojos forzosos y enunciar las modalidades de
protección que se necesitan para garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto.
3. El empleo de la expresión "desalojos forzosos" es en cierto modo problemático. Esta expresión pretende
transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad. Sin embargo, para muchos observadores la referencia a los
"desalojos forzosos" es una tautología, en tanto que otros critican la expresión "desalojos ilegales" por
cuanto que supone que la legislación pertinente brinda una protección adecuada y se ajusta al Pacto, cosa
que no siempre es así en absoluto. Asimismo, se ha señalado que el término "desalojos injustos" es aún
más subjetivo dado que no se refiere a ningún marco jurídico. La comunidad internacional, especialmente en
el contexto de la Comisión de Derechos Humanos, ha optado por la expresión "desalojos forzosos" sobre
todo teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también de muchos de esos
defectos. Tal como se emplea en la presente Observación general, el término "desalojos forzosos" se define
como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que
ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra
índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a
los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos.
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4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las personas tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. Dadas la interrelación y la interdependencia que existen
entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos.
Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos
forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la
vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar,
y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.
5. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente en zonas urbanas
densamente pobladas, también se produce en relación con traslados forzados de población,
desplazamientos internos, reasentamientos forzados en caso de conflicto armado, éxodos en masa y
movimientos de refugiados. En todas estas circunstancias puede haber una violación del derecho a una
vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo forzoso a causa de una serie de actos u omisiones
atribuibles a los Estados Partes. Incluso en las situaciones en que pudiera ser necesario imponer
limitaciones a ese derecho, se exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las
limitaciones que se impongan deberán ser "determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la
naturaleza de esos derechos [económicos, sociales y culturales] y con el exclusivo objeto de promover el
bienestar general en una sociedad democrática".
6. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, por ejemplo, los causados por
conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violencia comunitaria o étnica.
7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en
relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por
ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la adquisición de tierras
para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el
desbroce de tierras para fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de
grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos.
8. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto en relación con los desalojos
forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 interpretado junto con otras disposiciones pertinentes. En
particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar "todos los medios apropiados" para
promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de la práctica de los desalojos
forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2 al logro progresivo de tales derechos basándose en los
recursos disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos
forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (tal
como se definen en el párrafo 3 supra). Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa el
derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. En esa disposición se reconoce,
entre otras cosas, el derecho a la protección contra "injerencias arbitrarias o ilegales" en el domicilio propio.
Es de señalar que la obligación del Estado de garantizar el respeto de ese derecho no está condicionada por
consideraciones relativas a los recursos de que disponga.
9. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Partes que utilicen "todos los medios apropiados",
inclusive la adopción de medidas legislativas, para promover todos los derechos protegidos por el Pacto.
Aunque el Comité ha señalado en su Observación general Nº 3 (1990) que es posible que tales medidas no
sean indispensables en relación con la totalidad de los derechos, es indudable que una legislación contra los
desalojos forzosos es una base esencial para crear un sistema de protección eficaz. Esa legislación debería
comprender medidas que a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y
tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo
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los desalojos. La legislación debe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la autoridad del
Estado o que responden ante él. Además, habida cuenta de la creciente tendencia que se da en algunos
Estados a que el gobierno reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los Estados
Partes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas para prevenir y, llegado el
caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo, sin las debidas salvaguardias, particulares o
entidades privadas. Por tanto, los Estados Partes deberían revisar la legislación y las políticas vigentes para
que sean compatibles con las exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar toda
ley o política que no sea conforme a las disposiciones del Pacto.
10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro
tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la
práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a
causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho
de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda,
y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las
disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los
gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas
apropiadas para impedir toda forma de discriminación.
11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del
alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes deberán
garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el
Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados.
12. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva son también incompatibles con las
normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma nota de las obligaciones contenidas en los Convenios de
Ginebra de 1949 y los Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de
población civil y la destrucción de bienes de propiedad privada, en la medida en que guardan relación con la
práctica de los desalojos forzosos.
13. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos
de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas
las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.
Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo.
Los Estados Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida
indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene
recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los
Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y
que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento
de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los
principios generales de la razón y la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la
Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener
lugar "en los casos previstos por la ley". El Comité observó que en tales casos la ley debía "conformarse a
las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto". El Comité señaló también que "en la legislación
pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas
injerencias".
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15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de
todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que
guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos
humanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de
los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un
plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista
para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los
desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de
funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos
de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos
cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g)
ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que
necesiten pedir reparación a los tribunales.
16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a
violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el
Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos,
para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
17. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por instituciones internacionales en los
territorios de Estados Partes han originado desalojos forzosos. Respecto de ellos, el Comité recuerda su
Observación general Nº 2 (1990) que dice, entre otras cosas, que los organismos internacionales deberían
evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que, por ejemplo [...] fomenten o fortalezcan la
discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión
o desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación
adecuadas [...] En cada una de las fases de los proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible para
que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos".
18. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) han aprobado directrices en materia de reubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los
sufrimientos humanos causados por los desalojos forzosos. Esas prácticas suelen ser el corolario de
proyectos de desarrollo en gran escala, como la construcción de presas y otros proyectos importantes de
producción de energía. Es esencial la plena observancia de esas directrices, en la medida en que reflejan las
obligaciones contenidas en el Pacto, tanto por los propios organismos como por los Estados Partes en el
Pacto. A este respecto, el Comité recuerda lo señalado en la Declaración y Programa de Acción de Viena en
el sentido de que: "el desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de
desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos".
19. En las directrices aprobadas por el Comité para la presentación de informes se pide a los Estados Partes
que proporcionen diversas informaciones directamente relacionadas con la práctica de los desalojos
forzosos, entre ellas información sobre: a) "el número de personas expulsadas de su vivienda en los últimos
cinco años y el número de personas que carecen actualmente de protección jurídica contra la expulsión
arbitraria o cualquier otro tipo de desahucio"; b) las "leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la
seguridad de ocupación, la protección frente al desahucio" y c)"las leyes que prohíban todo tipo de
desahucio".
20. Se pide también información en cuanto a las "medidas adoptadas, entre otras circunstancias, durante
programas de renovación urbana, proyectos de nuevo desarrollo, mejora de lugares, preparación de
acontecimientos internacionales (olimpiadas, exposiciones universales, conferencias, etc.), campañas de
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embellecimiento urbano, etc., que garanticen la protección contra la expulsión y la obtención de una nueva
vivienda sobre la base de acuerdo mutuo, por parte de cualquier persona que viva en los lugares de que se
trate o cerca de ellos". Sin embargo son pocos los Estados Partes que han incluido en sus informes al
Comité la información solicitada.}En consecuencia, el Comité reitera la importancia que asigna a la recepción
de esa información.
21. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información de ese tipo. El Comité recuerda
que la vigilancia efectiva del derecho a una vivienda adecuada, bien sea por el gobierno interesado o por el
Comité, es imposible si no se cuenta con los datos apropiados y por ello solicita a todos los Estados Partes
que velen por que se reúnan los datos necesarios y se incluyan en los informes presentados en virtud del
Pacto.
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Anexo 5. Pronunciamiento del MUCA sobre el conflicto del Bajo Aguán.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA Margen Izquierda) en lucha por la reivindicación
y la distribución justa de la tierra y por una real y verdadera aplicación de una reforma agraria integral nos
pronunciamos ante la Sociedad Hondureña, la Comunidad Internacional, los Organismos de Derechos
Humanos Nacionales e Internacionales:
1.- En el convenio suscrito en la ciudad de Trujillo, el 14 de abril de 2010, entre el gobierno del señor Porfirio
Lobo Sosa y El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) se estableció adjudicarle a MUCA 11
mil hectáreas de tierra, como parte del arreglo del conflicto agrario suscitado en el Valle del Bajo Aguán bajo
las condiciones siguientes:
Como un acto de buena fe y tomando en consideración lo acordado en las negociaciones se acepto la
entrega de las 26 fincas que MUCA mantenían tomadas y la reubicación inmediata de todos los
asentamientos en 6 fincas que comprenden 3000 hectáreas cultivadas de palma africana, bajo el entendido
que dentro de los 90 días siguientes a la firma del acuerdo se entregarían 4,000 hectáreas de tierra incultas,
1,000 hectáreas de tierra cultivadas y 3,000 hectáreas sin cultivar.
El Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), solicitó se realizaran las evaluaciones
minuciosas de –planta por planta- por agrónomos y especialistas en finanzas del INA -con experiencia en el
cultivo de palma africana- concluyendo que la plantación en buen estado de las 3000 hectáreas cultivadas
de palma africana apenas sumaba 1,704 hectáreas.
2.- El régimen ofreció asistencia técnica a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y el
Instituto Nacional Agrario (INA), mediante programas, proyectos y su personal técnico de la zona. A mas de
un año de haberse suscrito el convenio esas ineficientes instituciones del estado e incondicionales
instrumentos de la oligarquía agroindustrial, que nunca han desarrollado políticas agrarias integrales a favor
del sector reformado ni por la pequeña producción del sector no reformado, debido a su incondicional
sumisión a la estrategia de desarrollo implementada a partir de la Ley de Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola (LMDSA) han incumplido lo acordado.
3.- De la agrimensura realizada de las tierras objeto de este conflicto, a la fecha no se nos ha proporcionado
ningún informe de los resultados, razón por la que desconocemos los sobre techos de las fincas de los
agroindustriales Reynaldo Canales y René Morales. El señor director del INA interesado en realizar
proselitismo político para captar adeptos en el movimiento campesino para el partido político al que
pertenece, no le ha interesado solucionar el conflicto agrario y al no encontrar eco a sus pretensiones
politiqueras se ha dado a la tarea de pretender dividirnos. Ha manejado los resultados de la agrimensura
como si fuese secreto de estado y como si nosotros no fuésemos parte interesada. Lo mismo ha sucedido
con las investigaciones realizadas sobre el tracto sucesivo de las tierras realizadas por la comisión jurídica
nombrada para ese cometido.
4.- El gobierno se compromete a apoyar a “los grupos campesinos con proyectos sociales de salud y
educación que permitirá mejorar los niveles de vida de las familias campesinas afiliadas a Muca”. Claro no
se excluyen ofrecimientos de servicios de educación y salud, en un país donde casi la totalidad de la
población no tiene acceso a esos servicios públicos que conforme a las políticas de este gobierno
incondicional del neoliberalismo y lacayo de las recetas de los organismo de financiamiento internacional,
está más interesado en privatizarlas, como ha venido sucediendo con la cuencas hidrográficas y con la
educación pública. Hasta la fecha no se ha construido una tan sola aula, un tan solo centro de salud, ni se
nos han enviados brigadas medicas oficiales, dejando estas responsabilidades al esfuerzo de los
campesinos de MUCA y a ONG asistencialistas. Para ningún compatriota es un secreto que después del
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golpe de estado militar del 28 de junio los servicios de salud y educación presentan mayor precariedad en
todo el país.
5.- El gobierno asumió el compromiso de desjudicializar las causas penales producto de la persecución
judicial contra nosotros los campesinos y campesinas, jóvenes, viejos y niños- niñas de MUCA, que durante
más de un año hemos sufrido por el conflicto de recuperación de la tierra. Los procesos criminales
entablados ante los Juzgados de Letras Seccionales de Trujillo y Tocoa, se ha incrementado, la conducta de
los jueces ha sido parcial y de un claro menosprecio a nuestros derechos que han sido conculcados. Queda
evidenciado que los agroindustriales han instrumentalizado al poder judicial, a los Fiscales, a la policía y al
ejercito, utilizándolos como punta de lanza de sus mezquinos intereses en este conflicto.
6.- No se nos ha presentado ningún anteproyecto o proyecto de una nueva ley de Reforma Agraria Integral
para su socialización. A más de un año de haberse suscrito el convenio no se nos ha otorgado la personería
jurídica de las empresas asociativas campesinas que de hecho hemos constituido. En dos ocasiones el
gobierno mitómano del señor Lobo Sosa solicito prorrogas para el cumplimiento de las responsabilidades
acordadas, de buena fe hemos aceptado concedérselas sin resultado alguno que nos favorezca.
No se nos han otorgados los títulos de adjudicación de las 3,000 hectáreas de tierra cultivadas de palma
africana que mantenemos en posesión desde la suscripción del convenio.
Estamos plenamente convencidos que las restantes 8000 hectáreas que debieron adjudicarse hace un año,
este gobierno no tiene la voluntad o la intención de adjudicarlas.
Entendemos claramente que al inicio de las negociaciones con MUCA el gobierno estaba aparentemente
interesado en hacernos creer que tenía la intención de resolver esta crisis agraria no porque le preocupara
las condiciones precarias de vida y las reacciones de nosotros los campesinos, sino porque ponía en riesgo
su reconocimiento internacional. Ahora que tiene seguro el reconocimiento de comunidad internacional y su
reingreso a la Organización de Estados Americanos (OEA), que le permitirá oxigenación económica poco le
importa honrar o cumplir los compromisos contraídos y en especial los suscritos en el convenio firmado.
Le reiteramos al gobierno mitómano del señor Porfirio Lobo Sosa que nuestra lucha por la reivindicación y
una justa distribución de la tierra es constante, con objetivos claramente definidos y no negociable.
Que si mantuvimos una tregua por más de un año fue por respeto a lo acordado en el convenio, sin embargo
no estamos obligados a continuar respetando acuerdos con los que este gobierno ha querido sorprendernos.
No ignoramos que en la agenda de todos los días de este gobierno mentiroso, la represión sistemática. y la
militarización del Valle del Bajo Aguán será su respuesta. No continuaremos permitiendo que se burlen de
nuestros derechos, necesidades y de esta lucha por el acceso y la justa distribución de la tierra, estamos
dispuestos ir hasta las últimas consecuencias para hacer cumplir lo acordado, razón por la que decidimos
tomarnos las fincas Las Guanchias y la Buenos Amigos.
Por una real transformación agraria integral para la justa distribución de la tierra, por efectivas políticas
públicas de salud, vivienda y educación que prioricen en el hombre y la mujer, por una democracia plena
para la convivencia nacional y el ejercicio pleno de los derechos humanos debe existir justicia social para la
paz en el campo.
Valle del Aguán, Colon, 30 de mayo de 2011