Mar del Plata

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La Perla de América

viernes, 4 de noviembre de 2011

LUCHANDO POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE

Luchando por una educación pública
En Chile, la represión policial contra las manifestaciones estudiantiles en defensa de la educación pública de calidad se cobró su primer víctima: Manuel Gutiérrez Reinoso, un estudiante de secundaria de 16 años que murió en la madrugada del 26 de agosto en Santiago tras recibir un balazo en el tórax. Tanto familiares del joven como testigos de su muerte sostienen que unos Carabineros realizaron tres disparos desde un vehículo policial. Una investigación confirmó que el balazo que produjo la muerte de Manuel provenía de una submetralladora de un suboficial de Carabineros, a pesar de que éste intentara negar el hecho. Nueve agentes fueron dados de baja por encubrimiento.
En respuesta a la represión policial contra los manifestantes estudiantiles, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries comentó que “hemos visto una especie de ‘deja vu’ de los [años] 80”, época de la mayor represión callejera de la dictadura de Augusto Pinochet. Fries también denunció supuestos actos de tortura por parte de Carabineros contra manifestantes detenidos, que supuestamente se realizan al interior de los vehículos policiales.
A finales de agosto el mayor sindicato del país convocó dos días de huelga general, que fue apoyado por 80 organizaciones, estudiantes y partidos de la oposición. Pero durante esas dos jornadas, se hicieron 1.249 detenciones en diferentes ciudades del país.
Al igual que en Chile, en Honduras también se han realizado manifestaciones en las calles de la capital Tegucigalpa en contra de el proyecto de Ley General de Educación que busca privatizar la educación pública que los manifestantes exigen que no se quite. El 15 de agosto, cientos de estudiantes, padres y profesores fueron reprimidos por la policía, que utilizó bombas de gases lacrimógenos, chorros de agua y tiros, que dejó decenas de heridos e intoxicados. Entre los nuevos cambios que prescribe el proyecto de ley, el gobierno dejaría de financiar la educación a partir de los 15 años, obligando a las familias de los estudiantes a costearla en institutos privados.

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